Impuestos: crónica de una crisis anunciada

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La reciente protesta del sector del transporte pesado internacional es la más reciente expresión de molestia y rechazo contra el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Antes, fueron los microempresarios quienes lo enfrentaron, y hace algo más de un año que persiste un estado de movilización permanente de gremiales y pequeños comerciantes contra lo que consideran "abusos” del SIN. De forma menos visible crece el número de profesionales y de trabajadores independientes que prefieren ya no emitir facturas, o que cierran sus NIT.


Nadie cuestiona el deber ciudadano de tributar pero rechazan, con gran vehemencia, medidas como las sanciones por incumplimiento de deberes a las que el SIN ha recurrido para cumplir metas de recaudación, con o sin argumentos válidos. Pero los métodos de recaudación del SIN y las reacciones que generan entre los contribuyentes no son el problema de fondo: son síntomas de una crisis del modelo fiscal que puede derivar, potencialmente, en una peligrosa conflictividad.

El análisis de este modelo ha sido parte de los debates del Programa de Reflexión Social para la Producción y el Empleo Digno, que la Fundación INASET promueve desde 2004. Entre 2008 y 2013, el programa ha remitido a las autoridades pertinentes documentos con el análisis del tema. Las conclusiones muestran que la voracidad recaudatoria del SIN ha llevado al límite la credibilidad en principios de igualdad, proporcionalidad, universalidad, sencillez administrativa, etc., que deberían regir la política fiscal; y que el modelo desincentiva, penaliza y reduce la productividad y competitividad de las actividades formales generadoras de valor agregado y empleo productivo.

De hecho, el aumento constante de recaudaciones –logro que tanto enorgullece al SIN- puede en realidad ser contraproducente en ausencia de claras políticas y objetivos de gasto; o si la base de contribuyentes es reducida; si la pobreza es muy extendida y la producción nacional pierde el mercado interno; si la estructura tributaria regresiva reduce la capacidad de consumo de la gente; y, especialmente, si la obsesión por recaudar acentúa la inequidad y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Este último aspecto es particularmente relevante porque el objetivo central de las políticas tributarias es promover la equidad y reducir la desigualdad. Pero, al 2008, ya había evidencia en contrario: el aumento en recaudaciones estaba acompañado de mayor inequidad. Recapitulando, el PIB, es la suma de: a) la remuneración al trabajo (REM); b) el excedente bruto (EBE) que retienen las empresas (para, entre otros, depreciaciones y, por supuesto, las utilidades); y c), de los impuestos que recauda el Estado (IMP). El tamaño relativo de las tres "tajadas” mide la distribución del ingreso entre asalariados, empresas y Estado.

¿Cuál sería una "buena” distribución? Como referencia, en países con alta equidad y calidad de vida, la relación entre el ingreso de los empleados, REM, y el excedente de las empresas, EBE, (antes de impuestos) es cercana al 50/50; los impuestos son el medio para corregir inequidades en esa distribución primaria, normalmente en favor de los trabajadores (consumidores).

Sin entrar (ahora) en precisiones sobre la estructura del empleo o el tipo de impuestos, las cuentas del ingreso para Bolivia muestran que, en 1990, los empleados recibieron el 34,9% del PIB, el excedente de las empresas fue el 56,5% y, finalmente, los impuestos el 8,6%. El año 2000, la REM de los trabajadores mejoró, aumentando al 36,1%, el EBE bajó al 50,0% e IMP subió al 13,9% del PIB. Pero, al 2013, confirmando resultados previos, la REM cae fuertemente, del 36,1% al 25,1%, la EBE se mantiene en casi 50%, y la participación de impuestos se dispara del 13,9% al 25,4% del PIB.

Según estas cifras, en 2013 Bolivia es un insólito ejemplo (todavía busco otros) de contrasentido en términos de equidad: la "tajada” del trabajo en la distribución del ingreso es la mitad de la del excedente de las empresas, y es incluso menor que la de los impuestos: en principio, esto sugeriría que la economía formal no crea ingresos suficientes para que los trabajadores tributen.  Pero como los impuestos en el mercado interno son mayormente indirectos (y regresivos), las personas son las que más aportan. Frente a esto, los bonos sociales están muy lejos de compensar el retroceso.

Para ilustrar el punto con magnitudes, el total pagado por la Renta Dignidad, bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy entre 2006 y 2013 alcanza a  14.000 millones de bolivianos; si entre 2006 y 2013 se hubiera mantenido la participación de REM que había en 2000 (36,1%), los asalariados habrían recibido  141.000 millones de bolivianos más que lo realmente recibido: 10 veces más que todas las transferencias y bonos.

La gran reducción del tamaño relativo de la tajada de remuneraciones en la "torta del PIB”  se disimula, por ahora, con el aumento del tamaño de la torta (crecimiento). Pero, sin duda, el hastío de los contribuyentes es una clara señal de que se está llegando al límite de la capacidad contributiva de muchos actores económicos.

En síntesis, el modelo fiscal va a una crisis  y el gobierno enfrenta un dilema: o mantiene las recaudaciones como prioridad (para soportar gasto discrecional), o racionaliza la política fiscal como medio real de promover el desarrollo con equidad. No puede tener ambos. La primera opción lleva a la crisis; la segunda es una condición ineludible para cumplir la Agenda 2025.

Enrique Velazco Reckling  
investigador en desarrollo productivo
www.paginasiete.bo (21-02-2016)


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